La plata que se genera en Antioquia debe quedarse en Antioquia

Colombia se acostumbró a hablar de descentralización mientras concentra las decisiones, los recursos y el poder en Bogotá. A las regiones se les asignan responsabilidades crecientes, pero no siempre se les entregan los instrumentos fiscales necesarios para cumplirlas. Gobernadores y alcaldes responden por la seguridad, la educación, la salud, las vías y el desarrollo de sus territorios, pero buena parte de los recursos sigue dependiendo de trámites, autorizaciones y decisiones tomadas desde el Gobierno central.

Eso no es verdadera autonomía.

La autonomía fiscal significa algo sencillo: que una mayor proporción de la riqueza producida en los territorios permanezca en ellos y pueda ser administrada cerca de los ciudadanos.

Antioquia tiene argumentos para liderar esta conversación. Según el DANE, en 2025 el departamento produjo $277,1 billones y representó cerca del 15 % del producto interno bruto de Colombia. Es la segunda economía territorial del país. Esa capacidad productiva se sostiene con el trabajo de empresarios, campesinos, comerciantes, empleados, emprendedores, mujeres y familias de los 125 municipios.

Sin embargo, cuando Antioquia necesita financiar una vía, fortalecer la seguridad, llevar agua potable a Urabá o cerrar una brecha educativa, debe acudir demasiadas veces a Bogotá para solicitar recursos que se originaron, en buena medida, en el esfuerzo de los propios antioqueños.

Ese modelo es lento, ineficiente y profundamente centralista.

La Constitución también definió a Colombia como una república unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales. Fue una gran promesa democrática, pero quedó incompleta. Descentralizamos la elección de los gobernantes y numerosas responsabilidades, mientras mantuvimos concentrado buena parte del poder tributario.

Después vinieron nuevas reformas. Los actos legislativos de 2001 y 2007 modificaron el régimen de transferencias y limitaron su crecimiento frente a los ingresos corrientes de la Nación. En 2024, el Congreso aprobó una reforma al Sistema General de Participaciones para elevar gradualmente las transferencias a departamentos, municipios y distritos hasta el 39,5 % de esos ingresos. Es un avance importante, pero sigue funcionando bajo una lógica en la que la Nación recauda, distribuye y condiciona.

«Transferir más recursos ayuda. Tener autonomía para generarlos, administrarlos y responder por ellos transforma.»

El intento más reciente de avanzar en esa dirección fue el referendo por la autonomía fiscal de las regiones impulsado por el Gobernador Andrés Julián: cerca de 4,1 millones de colombianos respaldaron con su firma la iniciativa y la Registraduría validó alrededor de 2,1 millones. A pesar de ese apoyo ciudadano, el proyecto fue archivado en septiembre de 2025 por la Comisión Primera del Senado.

La idea sigue viva.

Andrés Julián Rendón ha retomado esta causa mediante una nueva iniciativa de acto legislativo promovida por diputados de Antioquia, Valle del Cauca, Huila, Córdoba y Santander. La propuesta busca reformar los artículos 298, 356, 357 y 358 de la Constitución y crear un Sistema General de Participaciones Territorial.

Su propósito es que los impuestos de renta y patrimonio pasen a ser recursos de los departamentos y del Distrito Capital, dentro de un esquema que conserve la solidaridad y la redistribución entre territorios. De acuerdo con las proyecciones presentadas por sus promotores, esta reforma podría trasladar cerca de $32 billones adicionales a las regiones.

La iniciativa deberá reunir el respaldo constitucional de diputados y, posteriormente, superar su trámite en el Congreso de la República. No será una discusión fácil: cambiar la forma en que se distribuye el poder siempre encuentra resistencia, especialmente cuando ese poder lleva décadas concentrado.

Para Antioquia, esta reforma permitiría planear a largo plazo y reducir la dependencia de las decisiones del gobierno nacional de turno. Significaría más capacidad para terminar las vías que conectan las subregiones, recuperar la seguridad rural, fortalecer la educación superior, modernizar los hospitales, llevar acueducto y alcantarillado a Urabá, impulsar el Ferrocarril de Antioquia, darles autonomía económica a las mujeres, prepararnos para la Inteligencia Artificial y cerrar las brechas que aún existen entre el Valle de Aburrá y buena parte del territorio.

«También permitiría algo fundamental: que los ciudadanos sepan con mayor claridad quién recauda, quién decide y quién responde.»

El centralismo diluye la responsabilidad. Cuando una obra no se ejecuta, el Gobierno nacional culpa al departamento; el departamento señala a la Nación; y los ciudadanos terminan atrapados entre trámites, convenios y competencias confusas. La autonomía fiscal puede acercar el recurso a la necesidad y la responsabilidad al gobernante.

Pero exige una contraparte: más transparencia, mejores capacidades técnicas, reglas fiscales estrictas y una rendición de cuentas permanente. Los recursos administrados desde las regiones no pueden convertirse en cheques en blanco. Cada peso adicional debe traducirse en resultados verificables, obras terminadas y mejores servicios para la gente.

«Esta no es una discusión contra Bogotá. Tampoco es una pelea de Antioquia con Colombia. Es una conversación sobre la madurez institucional de las regiones y sobre la necesidad de modernizar un modelo que ya no responde a la diversidad económica y territorial del país.»

Antioquia ha defendido históricamente su capacidad para trabajar, producir, decidir y construir su propio futuro. Hoy tiene nuevamente la oportunidad de liderar una transformación que beneficie a todo el país.

La plata que se produce en las regiones debe servir, primero, para resolver las necesidades de sus habitantes. Con solidaridad, con responsabilidad y con controles, pero también con libertad para decidir.

Es hora de que Antioquia pueda elegir, con mayor libertad, su propio destino.